El Fiscal General de la Nación entregó detalle de las capturas realizadas a funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales del Departamento de Arauca por presunta vinculación con las disidencias de las farc

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Bogotá, 14 de junio de 2021-.  La Fiscalía General de la Nación  capturó a un total de 16 personas señaladas de integrar dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las FARC por su posible participación en diferentes acciones criminales en el departamento de Arauca.

Según los investigadores, entre los capturados se encuentran  funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actividades ilícitas.

Los fiscales lograron recaudar abundantes pruebas técnicas y testimoniales  que evidenciaron como varios de los detenidos se valieron de sus  roles en cargos públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal.

De acuerdo con los investigadores, los funcionarios públicos  también otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado.

Igualmente, se detectó que los servidores públicos capturados habrían alertado en varias oportunidades  a los cabecillas de las redes criminales sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Las capturas se hicieron efectivas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá.

En desarrollo  de los operativos también fueron incautados documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos se encuentra un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales,  un secretario de la Alcaldía de Fortul, la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas.

Entre las personas capturadas hay una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

La juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), impuso medida de aseguramiento a los procesados y ordenó su envió a la cárcel.

Los afectados con la decisión son:

 Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

 Nini Johana Cardozo Dueñas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

 John Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

 Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

 Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

 Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

 Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

 Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

 Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

 Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

 Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

“La Fiscalía General de la Nación quiere mandar un mensaje contundente: no vamos a tolerar la comisión de delitos por omisión o por acción en ese país. Nosotros seguimos actuando con resultados no solamente en algunas de esas zonas sino en todo territorio nacional. La Fiscalía es baluarte y es protectora de la institucionalidad colombiana”, concluyó el Fiscal General de la Nación.

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, agregó el fiscal general, Francisco Barbosa.

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